14 de enero de 2022
Una vez más como prácticamente cada verano, cientos de miles de personas se ven afectadas por los cortes de energía eléctrica. La explicación oficial brindada por las empresas privatizadas siempre tiene que ver con el récord de consumo, pero la realidad subyacente es que a prácticamente 30 años de la privatización del servicio de electricidad en la zona de CABA y el Gran Buenos Aires, el resultado han sido ganancias exorbitantes para pocos y un servicio cada vez más deficiente para todxs. Otro tanto vale para otros servicios esenciales, como gas y agua, que en buena parte del país permanecen en manos privadas.
Esto nos demuestra la urgente necesidad de recuperar la plena administración de los servicios públicos por parte del Estado, con participación de lxs trabajadores y usuarixs. Pero al mismo tiempo muestra que el modelo de empresas privatizadas para brindar servicios públicos no es más que un negocio asegurado para los concesionarios, que vía el cobro de tarifas por un lado, y de subsidios estatales por otro, garantizan su ganancia sin asumir ningún compromiso de inversión, y mucho menos de asegurar el carácter de servicio esencial de primera necesidad para la población.
Este debate se da en el marco de negociaciones por un acuerdo con el FMI, cuyas características principales permanecen desconocidas, más allá de las afirmaciones de que no se aceptará un acuerdo que implique “impedir el crecimiento”.
Es sabido que el plan del FMI buscará reducir el gasto social del presupuesto, y que los subsidios a la energía siempre son un rubro discutido en este sentido. Pero lamentablemente esta discusión se encara siempre como un laberinto sin salida, en el cual el aumento del costo debe caer necesariamente sobre los usuarios del servicio, para así poder reducir los subsidios otorgados a las empresas. Por esto es urgente que se dejen de adoptar como propias las premisas políticas e ideológicas del establishment que buscan hacer elegir entre la espada y la pared y dar un debate de fondo con la soberanía como hilo conductor para abandonar la idea de que se negocia en mejores condiciones mostrándose como buen alumno, ya que es tan débil desde el punto de vista político como improductiva desde el punto de vista pragmático.
La deuda es con el pueblo. No se pueden postergar las necesidades urgentes de nuestro pueblo en pos de una negociación con el FMI que, invariablemente, sostendrá como única opción imponerle a nuestro país un programa de ajuste y redistribución regresiva del ingreso.
Antes de cualquier negociación debemos exigir investigación sobre cómo fue tomada esta deuda y que, quienes fueron los responsables de fugar esos fondos, deban asumir la misma.
Debemos dejar en claro que la deuda contraída por el macrismo fue un fraude y por ello es inmoral, ilegítima e impagable.
Cobran así especial vigencia las palabras de Fidel Castro en el Encuentro sobre la Deuda Externa de América Latina y el Caribe, de 1985: “Una parte pequeña del conjunto de la deuda se invirtió en cosas útiles; pero todos sabemos que una gran parte se invirtió en armas, se despilfarró, se malversó, se malgastó, y sabemos, además, que una gran parte se fugó, ni siquiera llegó a la América Latina […]. El cobro de esta deuda y el sistema injusto de relaciones económicas es la más flagrante y más brutal violación de los derechos humanos que puedan concebirse”.
Estas razones comprometen el trabajo necesario de organización y movilización para ganar cada vez más fuerzas que se opongan a las condiciones del FMI.
El Partido Comunista está empeñado en esta acción.
