Causa Espionaje macrista: Vulneraron los derechos de los detenidos

Liga Argentina por los Derechos Humanos

La Liga Argentina por los DDHH se presentó esta mañana en Lomas de Zamora, donde radica la causa de espionaje. El Dr Pedro Dinani representará a Pablo Bruera, ex Intendente de La Plata y Luis Lugones, presidente del PJ La Plata.

Buenos Aires, 25 de Junio de 2020  El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José  Schulman, se presentó esta mañana en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, dónde radica la investigación por espionaje ilegal, junto con el Dr Pedro Dinani, quien asumió la representación de los querellantes Pablo Bruera, ex Intendente de La Plata y de Luis Lugones, actual presidente del Partido Justicialista La Plata, dos de los cientos de espiados en el marco de esta investigación.

Se dejó un documento denunciando el modus operandi del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que durante dos años habilitaba a los compañeros de la Liga el ingreso a las cárceles de Ezeiza  y Marcos Paz, previa solicitud de documentos y otros datos. 

Es preciso señalar que la Liga realizaba entrevistas en los Penales Federales de Marcos Paz y Ezeiza a detenidos en el marco de causas que tipificamos como detenciones arbitrarias, mal formuladas o viciadas que en su conjunto rotulamos como persecuciones políticas. Estas visitas son una práctica histórica de nuestra organización, y se vienen realizando sistemáticamente desde el año 2018 hasta marzo de 2020. 

Todas las visitas se realizaron previa aceptación por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del cumplimiento de la información legal correspondiente para el ingreso, acorde a las rutinas de los penales y de las personas allí recluidas. Se ingresaba los jueves y viernes, sin excepción, como parte de los derechos legales que tenemos como organismo de Derechos Humanos.

La Liga puso estos encuentros a disposición de la militancia por los derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales vinculadas a la organización. De esta manera cientos de personas fueron autorizadas por el SPF, a quien se le entregaba con más de 72 hs. de antelación un listado detallado de los visitantes, sus documentos de identidad y los datos (nombres, DNI, pabellón y Complejo Penitenciario) de los reclusos que entrevistarían.

La Liga cuenta con un banco de datos de al menos mil personas que ingresaron con nosotros a visitar a los detenidos. Los recientes testimonios y documentos dan indicios de un sistema de espionaje y vigilancia del que fueron víctimas cerca de mil personas que asistieron a estas visitas. Muchos manifiestan haber notado comportamientos extraño al retirar los teléfonos celulares de los gabinetes en donde los dejaban para ingresar a la sala de entrevistas. 

“Destacamos el carácter gravísimo de esta situación, que por un lado afecta los derechos de los presos, vulnerados en su derecho a legítima defensa al romper el secreto de dialogo entre los reclusos y sus abogados, y por otro lado se transforma en un acto de persecución con quienes somos solidarios con los perseguidos, hechos de una enorme gravedad. Por eso hemos solicitado y exigido que se trate urgente esta causa y que rapidamente juzgue y condene a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos”, manifestó Schulman. 

Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos reclamamos con urgencia que se allanen las oficinas y la sede central del SPF tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dónde concurríamos a dejar las autorizaciones y se llevaron a cabo reuniones con el fin de obtener estos permisos, como las oficinas de los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz.

Y hacemos extensiva la solicitud para que también se allanen los penales de Florencio Varela y todos aquellos donde hubieran presas y presos políticos. El juez Villena investiga una organización integrada por miembros de distintas agencias de seguridad como la AFI, Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, que junto a abogados y funcionarios de otros poderes del Estado llevaron adelante  actividades que violan a la Ley 25.520.

Una parte de esa asociación ilícita se dedicaba al espionaje a representantes políticos o periodistas. Otra parte del expediente apunta a saber cómo se habría monitoreado a detenidos que consideramos presos políticos.