Las noticias que llegan a la sociedad sobre el caso del fiscal Nisman son alarmantes debido al grave deterioro que se refleja en aparatos del Estado como son el Poder Judicial, que conserva su fuerte carácter aristocratizante, y los servicios de inteligencia.
Esta situación se ve determinada y agravada por la dependencia de estos cuerpos, donde se devela la total y descarada inmiscusión de los EEUU e Israel, que actúan en temas argentinos en función de sus estrategias políticas globales y/o regionales, constituyendo el dato central que motiva la contaminación del expediente AMIA con informes de la CIA y el Mossad que son tomados como prueba, a más de que del mismo modo son consideradas simples especulaciones interesadas extraídas de los medios de comunicación. Se trata de un entramado apuntado a desviar las investigaciones de la búsqueda de la verdad y a sostener la impunidad de los criminales.
La conmoción generada es parte de una nueva y peligrosa fase del plan desestabilizador, antidemocrático y antinacional, que pretende modificar la política exterior del país para ubicarla en contra del proceso de integración regional independiente y alinearla a la política del imperialismo yanqui, así como para regresar en lo interno a la ortodoxia neoliberal favorable a los monopolios.
De ello forman parte la convocatoria a una movilización de la derecha argentina con todo el respaldo de sus agentes mediáticos, políticos, judiciales, empresariales, sindicales y otros que nunca cuestionaron a la SIDE y que convivieron con ella siendo gobierno, incluidos funcionarios del gobierno, sin contar el de las embajadas injerencistas y de los fondos buitre, que intensifican su acción en la operación política que denominan “fin de ciclo”.
Se trata de una ofensiva de la derecha que gana las calles y la iniciativa política, situación ante la cual el gobierno no termina de reaccionar.
Resulta dramáticamente tardía la decisión de disolver la actual SIDE, ante lo cual no es suficiente una simple modificación institucional.
Es absolutamente imprescindible profundizar en esta temática clave para nuestra seguridad nacional y para nuestra soberanía política.
Estos servicios fueron concebidos en base a la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta desde los EEUU, que no ha sido revisada, y debe ser reemplazada por una doctrina de defensa nacional.
Desde tiempos remotos estos entramados del Estado apuntaron a perseguir a la militancia popular y sectores progresistas y fueron clave para la represión y las desapariciones forzadas durante la dictadura. Esa ideología, y sus personeros, aun perduran y son fuertemente financiados por el presupuesto público, dotados además de una secretividad que los hace impunes y los constituye en un poderoso factor de poder sin efectivo control democrático.
La convivencia oficial con estos sectores permite que ellos estén jugando un papel decisivo en el plan de desestabilización en curso, que el mismo gobierno sufre hoy. Este plan desestabilizador está dirigido además a condicionar futuros gobiernos y principalmente al futuro del país. Desde siempre los servicios de inteligencia, al igual que el conjunto del aparato represivo del país, han sido moldeados en virtud de la nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por el Pentágono e inspiradora del genocidio de la dictadura y el respaldo al Reino Unido en el tema Malvinas.
Consideramos, entonces, que lo que corresponde en primer lugar es debatir la doctrina que debe guiar a una verdadera inteligencia nacional.
Se requiere una nueva Doctrina de Defensa Nacional patriótica y democrática en base a la cual se proceda a transformar profundamente, no solo los aparatos de inteligencia en su conjunto, sino todo el aparato represivo que no ha sido modificado y apenas insuficientemente depurado. Una doctrina de defensa de los intereses nacionales que rechace la injerencia de EEUU, promotor del golpismo en Argentina y América Latina y del Estado de Israel, que trae a nuestra tierra los conflictos que surgen de su política expansionista, racista y guerrerista, como la que vienen sosteniendo sucesivos gobiernos de ese país.
Por ello los cambios formales e institucionales que se puedan adoptar no alcanzarán un curso acorde con la democracia y la independencia nacional, si no se establece una doctrina patriótica de inteligencia y, lógicamente, si no se designan, desde la más alta responsabilidad hasta el último de los integrantes, a personas claramente convencidas de esa líneas de acción, lo que, desde ya, presupone el pase a disponiblidad de toda la actual plantilla de la SI.
Estas consideraciones, al margen de las particularidades que puedan existir, son aplicables a todo el mundo de la denominada inteligencia y debe incluir a los servicios del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y a todos los cuerpos de seguridad y policiales federales y provinciales, incluso de la CABA, donde debemos señalar los casos de espionaje que tienen procesados a Mauricio Macri, Ciro James y al Fino Palacios, entre otros, que como con relación a estos últimos ha sido confesado, habían sido “recomendados” por las embajadas nombradas. Al respecto es necesario considerar el caso del General Milani, Jefe del Ejército, denunciado en casos de lesa humanidad.
Es imprescindible que los cambios en los sistemas de inteligencia no constituyan un simple maquillaje y que sea derogada la ley llamada “antiterrorista” impuesta por los EEUU.
Ahora llegamos al punto de una fuerte ofensiva de las fuerzas de la restauración conservadora, que se apoya en las articulaciones del Estado neoliberal que perviven y no han sido modificadas.
Una responsabilidad central en este aspecto cabe a la actual administración, que no ha promovido la conformación de una fuerza política y social, ampliamente participativa, para los profundos cambios estructurales que el país necesita. Ello pone un límite a todo intento de reformas para beneficio de los sectores populares y del país, como los que en parte se han producido desde 2003 a la fecha.
Ante la situación planteada, que es grave y amenaza con una crisis de Estado, consideramos que el camino apropiado pasa por una convocatoria nacional a todas las fuerzas transformadoras que pueda desarrollar un estado de movilización social y de organización popular. Para ello son sectores del oficialismo, quienes cuentan con las mayores posibilidades y responsabilidades para tal fin.
Es sólo en ese contexto que será posible una profundización de los cambios, única vía de defensa en contra de las corporaciones y del intervencionismo foráneo y a favor de los cambios estructurales que el país necesita.
Hay una fuerte militancia popular dispuesta a movilizarse y luchar. Es a ella a quien debemos dar protagonismo en estos momentos decisivos.