“El presidente Macri toma para sí las atribuciones del Congreso Nacional”, así se refirió el secretario general del Partido Comunista, Víctor Kot, al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial, que contiene 170 medidas que modifican y derogan cientos de leyes, en áreas de ocho ministerios.
Entre otras cosas, en su contenido más medular, el DNU 27/2018 le otorga al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) flexibilidad suficiente como para que disponga de los ahorros de la Anses.
La excusa es “desburocratizar el Estado”, pero lejos de esto, el megadecreto que a la distancia firmaron Mauricio Macri y los integrantes de su gabinete –casi todos estaban de vacaciones en sitios exclusivos- le apunta a la línea de flotación al FGS, es decir, al dinero de los trabajadores.
Es que habilita al FGS a operar en el mercado financiero y no sólo eso: otorga a la Unidad de Investigación Financiera la facultad de soslayar la competencia judicial de los fiscales, permite los embargos comerciales de la cuenta sueldos de los trabajadores y reduce hasta la ridiculez las multas de infracciones laborales a las empresas.
Estos son sólo algunos de los puntos que, en sí, alcanzan para expresar de manera lapidaria el carácter regresivo del Decretazo que, además y entre otras cosas, tiende a apuntalar el desarrollo de un mercado de capitales a costa del dinero de los trabajadores, en especial, de los jubilados.
En este sentido el Decretazo contacta con el proyecto de Ley de Financiamiento Productivo que ya posee dictamen del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa confeccionada por el Ministerio de Finanzas busca reformar la actual ley de Mercado de Capitales, para lo que habilita mecanismos como los que en EE.UU. y España, fomentaron las condiciones para las crisis financieras de hipotecas subprime en 2008 y 2009.
Pero esta vocación por el fetiche que significa la creación de eso que quienes ocupan La Rosada denominan mercado de capitales, no es para nada nueva.
“Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”, recalca el texto del DNU del 11 de enero.
“Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía popular de mercado, la permanencia de normas dictadas en otro contexto constituye un factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo nacional”, señala el decreto 2284/91 que el 31 de octubre de 1991 firmaron Carlos Saúl Menem y Domingo Felipe Cavallo para desregular el comercio interior y exterior.
Si usted es aficionado al juego de las diez diferencias, seguro que acertó. En esta caso hay sólo una: ahí donde el menemismo puso “economía popular de mercado”, Cambiemos dice “economía pujante, competitiva y transparente”. Por lo demás, las ideas son las mismas, lo que hace esperar que las consecuencias sean idénticas o peores.
Gallos y media noche
“Entre gallos y media noche, y de espaldas al Congreso Nacional, el decretazo que acaba de firmar el presidente Mauricio Macri, más allá de sus considerandos y resoluciones, avasalla la división de poderes y arrasa con los últimos vestigios de la democracia representativa en la República”, señaló al respecto Kot.
Y, en esta dirección, el titular del PC tomó como propios conceptos del constitucionalista Eduardo Barcesat, quien sin dudarlo hizo hincapié en que “los considerandos invocan necesidad y urgencia, pero no cumplimenta los recaudos de la Constitución Nacional”.
De ahí que, añadió Kot, “sin entrar en el análisis de los 192 artículos del Decretazo, el presidente Macri desconoce al Congreso Nacional y toma para sí las atribuciones legislativas, dictando un úkase (edicto imperial en Rusia), lo que es inadmisible en un Estado de Derecho”.
Por lo que fue contundente cuando puntualizó que “lo que sí es de ‘necesidad y urgencia’ para este gobierno de CEOs de las trasnacionales, es dar cumplimiento a las directivas del FMI que vuelve a monitorear la política y la economía de Argentina, como en los 90, cuando se desmanteló el Estado Nacional”.
En este punto, vale recordar que en sus considerandos, el Decretazo dice que las medidas que alcanza “deben ser tomadas en tiempo oportuno” algo que, destaca, es imposible con el Congreso en receso.
“El transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente Decreto”, puntualiza.
Pero pocas cosas son tan mentirosas como este postulado. La misma firma electrónica que utilizó Macri para el Decretazo, pudo ser usada para convocar a extraordinarias, algo que hoy, el mismo día que el presidente retornó de sus prolongadas vacaciones, aún no hizo.
Así las cosas, a la hora de despejar el terreno de basura informativa, se advierte que –medularmente- el Decretazo se parece mucho a las “recomendaciones” que hiciera el FMI, en noviembre de 2016.
Pero también está en sintonía con la obsesiva pretensión de los ocupantes de La Rosada de que Argentina ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), por lo que busca colocarse en sintonía con las exigencias de ese organismo internacional.
Oficina de Prensa